PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SUS DEFINICIONES

Ley 80 de 1993, la cual da 5 principios por los cuales se debe regir la contratación pública

Transparencia (art 24):

Numeral derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007

Busca la imparcialidad, además de la igualdad de oportunidades para los interesados en participar en las diferentes modalidades de selección de contratistas
Para la selección del contratista se debe realizar a través de una licitación
Las actuaciones deben ser públicas y los expedientes deben estar abiertos al público, permitiendo ejercer el derecho de que trata el art. 273 de la Constitución.
Las actuaciones deben ser públicas y los expedientes deben estar abiertos al público, permitiendo ejercer el derecho de que trata el art. 273 de la Constitución.

Economía (art 25):

Normas que fijan los procedimientos de selección contractual se utilizan para agilizar las decisiones, así mismo los procedimientos sé deberán adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos.
Tiene como objetivo asegurar que todos los hechos adelantados por la administración durante la actividad contractual, se cumplan con eficacia y eficiencia ejecutando los trámites que sean necesarios, teniendo en cuenta que los proyectos debe estar previamente con estudios técnicos, financieros y jurídicos precisos, permitiendo optimizar los recursos y evitando situaciones que perjudiquen alguna de las partes contratantes.
Este principio tiene una relación directa con el principio de planeación, debido a que se busca que los contratos no sean improvisados, sino que sigan el plan para satisfacer una necesidad en común.

Responsabilidad (art 26):

Establecer el equilibrio entre el derecho y el deber, es decir, una gestión pública eficiente y oportuna que concilie la autonomía de la voluntad con las prerrogativas del Estado.
Tiene como objetivo que los intervinientes en la actividad contractual lo hagan dentro del marco legal, en cumplimiento de los deberes y obligaciones que le corresponde a cada cual.
Este principio se encuentra consagrado con el fin de conservar la articulación y armonía que debe imperar para garantizar la efectividad y cumplimiento de los principios de transparencia, economía, del mantenimiento del equilibrio financiero del contrato y del deber de selección objetiva.

El deber de selección objetiva (art. 29):

Orienta a la administración, sobre los criterios de calificación para la mejor oferta, haciendo énfasis en factores técnicos y económicos
Que la escogencia del contratista debe estar desprovista de todo tipo de consideración subjetiva, afecto o interés.
La propuesta más favorable se debe determinar exclusivamente con arreglo a los diversos factores de selección previamente establecidos por la administración, así como la ponderación precisa y detallada de tales criterios de selección.
Las adjudicaciones hechas por la entidad pública esté precedida del examen y comparación objetiva de las propuestas presentadas, la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones hechos por la entidad o sus consultores o asesores.
Uno de los objetivos es buscar garantizar la transparencia y la imparcialidad de la función pública, por supuesto la eficacia y eficiencia de los recursos públicos, así cumplir con los fines del Estado.

Planeación

Los contratos del Estado deben siempre corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad.
Antes de cualquier procedimiento de selección la planeación debe contar con los siguientes criterios:

Compras y Contratación publica